Punto y Aparte

Por Paco Pérez

La semiótica estudia cómo los objetos, palabras, imágenes, gestos y símbolos adquieren sentido y cómo interpretamos ese sentido dentro de la cultura. Pero ese sentido no es único, ni está fijo: se disputa. Y en Cuba, esa disputa ocurre dentro de un proyecto que ha hecho de la contrahegemonía y la oposición sistémica su razón de ser.

Lo primero es que, lo reconozcan o no quienes se dedican a atacar desde Cuba a la Revolución, vivimos en un país divergente, que lleva décadas de contrahegemonía y oposición en su sentido más amplio: transformador, humanizante, revolucionario, fundamentado en el disenso permanente del sistema mundial.

La Revolución —con R mayúscula— no triunfó en el 59: triunfará junto a los pueblos hermanados y las personas de luz, cuando logremos derribar el egoísmo y engendremos un sistema en el que los seres humanos no se echen unos sobre otros. En tanto eso no suceda, el proceso político de esta nación califica como «opositor».

Por tanto, el Estado perfectible fundado en la oposición al egoísmo mundial y la alienación es el verdadero disidente. Quien, bajo la misma bandera contrahegemónica, lo critique, es un ciudadano valioso. En el difícil proceso de trance que se intenta, debemos aprender no a tolerarlo, sino a reconocerlo.

Sin embargo, quien se posicione fuera de la R, en afrenta a sus intentos emancipadores; quien, como receta, proscriba los métodos del mismo mundo que Cuba intenta subvertir, no es para nada «opositor», sino, a toda voz, un conservador, un tumor dentro de la oruga que hace peligrar el capullo antes del parto de la mariposa.

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La democracia es un concepto transversal que desde Pericles hasta el sabio del mañana atravesará la sociedad como un anhelo alcanzable, pero, materialmente hablando, no ha de ser entendida jamás como una abstracción, sino como un dispositivo que constantemente instrumentalizará a su interés el bando de turno.

En ese sentido, debe ser mirada en el contexto de relaciones sociales antagónicas, donde dos clases históricas se disputan el poder.

Sin embargo, en el debate público contemporáneo, esa disputa ha sido reemplazada por un relato mucho más cómodo: el de la geopolítica como espectáculo. La geopolítica suele ser más taquillera que cualquier análisis dialéctico.

Hoy, la democracia es entendida por la chusma dentro de las regulaciones de dos polos triunfantes que ejercieron contrapeso y terminaron enarbolando instrumentos internacionales que cada quien luego acomodó en su cumplimiento. La Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus consiguientes etcéteras son, para los pericos imbuidos en la geopolítica, la cúspide de la democracia.

Para los que aún gustan de apelar a derechos internacionales en desuso, la Organización de las Naciones Unidas establece, en dos grandes pactos, lo que usualmente invocamos para apelar a la democracia: los Derechos Civiles y Políticos, por un lado —que contienen la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión, asociación, participación política, entre otros, entendidos como derechos de «libertad»—; y, por otro lado, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contentivos del derecho al trabajo, condiciones laborales justas, seguridad social, alimentación, vivienda, salud, educación, participación cultural y deportiva, beneficios del progreso científico, etc., conocidos como derechos de igualdad.

Si bien ambos debieron ser considerados como un todo único para fijar una sociedad mejor, la manipulación brutal, sobre todo después de la caída del bloqueo socialista europeo, ensalzó los primeros por encima de los segundos, acusó a naciones de antidemocráticas y dictatoriales por incumplir con los «derechos humanos» enmarcados sobre todo en los civiles y políticos —téngase voto y «elecciones libres» y se tiene la libertad—, los más individuales por encima de los colectivos.

Habría que ver en qué medida el rey del norte, agorero de un «sueño», cumple ambos instrumentos. Habría que detenerse a analizar, desde los que se adhieren a observatorios manidos, cuánto se hizo en esta tierra en más de sesenta años de Cuba soberana en materia de derechos, incluso bajo asedio criminal.

No obstante, aún hay quien sigue pensando que es libre por ir a votar un presidente, por increpar a un pariente del jefe de Estado, por crear tantos partidos como le plazca. A la par, habrán personas y procesos que prioricen el trabajo y la distribución de sus frutos, el cuidado de los vulnerables, la salud universal, el acceso a la educación, al conocimiento, a la cultura, al deporte, al producto de los avances de la ciencia.

Entristece que se sienta libertad y democracia en el registro electoral y el patrón ficticio de la política occidental. Pero esto es harina de otro costal.

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En ese entramado, Cuba ha intentado superarse y protegerse, lo ha logrado en la medida en que se lo han permitido y en que sus hijos más lúcidos han acertado y errado.

La Carta Magna, redactada a manos del pueblo —un hecho sin precedentes para el mundo—, importó un término «democrático», el Estado de Derecho, pero le encajó un intermedio para dejar claro que la Constitución no es la madre de la Revolución, sino hija de esta. «Estado Socialista de Derecho» obliga a interpretar el espíritu de todas las normas bajo jurisdicción nacional en la directriz de la sociedad como materia prima.

El salto a imitar del mundo lo mejor, impuso nuevas dinámicas «positivas»; una de ellas fue el reconocimiento constitucional de la libertad de expresión (artículo 54), que para nada se traduce en decir lo que quieras: hay límites claros que la hegemonía socialista no dejará cruzar.

Las garantías y derechos fundamentales conllevan también para los sujetos una responsabilidad de no poner en riesgo al Estado y al proyecto que este intenciona para su pueblo. El artículo 45 establece que el ejercicio de los derechos de las personas —como el de expresión— solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes.

Detengámonos un instante a ver qué responde el Código Penal a toda esta matriz actual de influencers mal llamados opositores y cuáles serían algunos de los límites muy peligrosos de la «libertad de expresión» que no podrán cruzar. Sí, porque mientras muchos se llenan la boca con la Constitución sin entenderla, otros dicen que no hay legalidad.

El Código Penal tipifica como delitos aquellos actos que atenten contra la soberanía y el orden interno. En este sentido, se establecen severas penalidades para la promoción de acciones hostiles contra el país, señalando que quien realice actos dirigidos a favorecer la guerra o cualquier agresión armada contra el Estado cubano se enfrenta a sanciones que van desde los 10 a 30 años de privación de libertad, e incluso pueden llegar a la privación perpetua o la pena de muerte.

Asimismo, se regula la protección del orden constitucional, y se considera delito la incitación contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución. Esto abarca tanto la propaganda oral o escrita realizada por cualquier medio, como la confección, distribución o posesión de dicha propaganda, con penas de tres a ocho años de prisión. La ley agrava la sanción, aumentándola de cuatro a 10 años, cuando para estos fines se utilicen los espacios físico o digital de los medios de comunicación social, e incluso penaliza con dos a cinco años de privación de libertad a quien permita dicho uso.

En el ámbito de las relaciones internacionales, se castiga la incitación a una guerra de agresión, así como el fomento de la agitación popular durante negociaciones diplomáticas para presionar al Estado en favor de la guerra, con penas de dos a cinco años de prisión.

Por último, el marco legal incluye la protección de la institucionalidad y la memoria histórica, y tipifica como delito la difamación, denigración o menosprecio público de las instituciones de la República, las organizaciones políticas, de masas o sociales del país, así como de los héroes y mártires de la Patria. Estas acciones pueden ser sancionadas con penas de dos a cinco años de privación de libertad, multa de 500 a 1000 cuotas, o ambas.

Una cosa es la legalidad y otra muy diferente es la legalidad en un contexto de amenaza de invasión. Fíjense que la lesividad no es para nada despreciable, aunque en otras ocasiones se les «haya dejado pasar». No esperemos lo mismo ahora que la plaza está fuertemente sitiada.

No tengo conocimiento de sanciones en algún caso específico de estos llamados influencers —que en los últimos años no han faltado en la escena— que incitan al desorden, piden intervención de Estados Unidos, denigran a no pocos símbolos, instituciones y héroes, y muchas cosas más.

Pero como le dije a un amigo, la caña se va a poner a tres trozos en un estado de guerra. Sí, porque el bloqueo económico intensificado es un acto de guerra. No lo digo yo: después de la Primera Guerra Mundial, el Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919 reguló que recurrir a medidas económicas de cerco era considerado casus belli. Luego la Carta de las Naciones Unidas lo matizó y normó que si se incluye la fuerza militar para bloquear económicamente, es un acto de guerra.

La capacidad militar de 1945 dista bastante de la actual. Trump ha amenazado a Cuba en varias ocasiones con una invasión y, bajo dicho patrón, ejerce presión sobre el país y sobre el resto para bloquear el acceso a combustible y otros recursos vitales, a punta de cañón.

Entonces, si usted es «influencer», tiene su proyectico conservador, aliado con los intereses del mundo podrido, disfrazado de «opositor», no es el momento oportuno para exceder la libertad de expresión.

Además de ser valorativa la norma penal por los órganos de justicia, lo más llamativo es que en esta modalidad hay evidencia de sobra para revisar en los contenidos digitales que constantemente emiten, sin llegar a hablar siquiera de si alguien de fuera le paga. Chocará inevitablemente con el muro de la ley, con las fuerzas represivas del Estado bajo un amplio diapasón de normativas.

Estamos en un momento tenso de nuestra historia. Tenemos la responsabilidad generacional de sobrevivir para nosotros y para el mundo, y el deber de luchar contra el imperio y sus colaboradores. Debemos corregir la Revolución para que cada vez se parezca más al futuro de la humanidad.

En esa lucha, no podemos detenernos en blandenguerías y lamentaciones. No, no debe haber tribuna en este momento alarmante para los enemigos y los traidores. La suerte está echada.

Dejemos al mundo con su «democracia». La nuestra, la de la reconciliación y el consenso, ahora más que nunca, estará marcada por el antimperialismo irreductible.