Punto y Aparte

En una decisión que tensiona los fundamentos del proyecto socialista, el gobierno cubano ha autorizado la creación de residencias privadas para el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, busca paliar la crisis del sistema de asistencia social, pero plantea una pregunta incómoda: ¿A qué socialismo aspiramos cuando el cuidado de los ancianos, y otros muchos derechos básicos, se convierten en mercancía?

El Acuerdo 10249/2025 es, en esencia, un parteaguas ideológico. Durante décadas, la Revolución Cubana presumió de haber socializado los cuidados, integrando a los adultos mayores y discapacitados en una red estatal de protección que, aunque modesta, se sostenía sobre el principio de que la salud y la asistencia social son derechos, no mercancías. Hoy, ese principio se resquebraja.

El texto legal entrega a actores privados —emprendedores, cooperativistas, pequeños empresarios— la posibilidad de gestionar residencias diurnas, permanentes o mixtas. El Estado, por su parte, se reserva un papel subsidiario: supervisar, capacitar y, en el mejor de los casos, vigilar. Pero la dirección estratégica del servicio, su calidad final y su costo dependerán de la lógica del lucro. En un país donde la pensión media apenas cubre la canasta básica, ¿quién podrá acceder a estas residencias?

El gobierno ha intentado suavizar el impacto de la medida con una disposición que obliga a los titulares a reservar el 10 % de las plazas para «personas de interés social en situación de vulnerabilidad», que pagarían tarifas subsidiadas por la Asistencia Social. Sin embargo, este gesto no oculta la realidad: el 90 % restante de las capacidades se regirá por la oferta y la demanda, por la capacidad de pago, por la moneda que se tenga en el bolsillo.

La experiencia internacional demuestra que, cuando el cuidado entra en el mercado, la calidad sigue al precio. Las residencias privadas tenderán a concentrarse en zonas urbanas y turísticas, donde exista clientela solvente, y dejará desprotegidos a los territorios más humildes. La cuota del 10 %, además, queda sujeta a la discrecionalidad de las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, un mecanismo que puede degenerar en clientelismo o ineficiencia burocrática.

Otro aspecto revelador del acuerdo es la creación de un circuito formativo gestionado por el Ministerio de Salud Pública, pero cuyos cursos serán cobrados. El Ministerio de Finanzas y Precios fijará la tarifa que deberán pagar los futuros cuidadores privados para obtener su acreditación. Es decir, el Estado no solo cede espacio al sector privado, sino que además monetiza la formación necesaria para operar en él. La paradoja es cruel: el conocimiento necesario para cuidar a los abuelos se convierte en una mercancía más, cuando debería ser un derecho de la sociedad garantizado por la Revolución.

El texto legal incluye generosos incentivos para los nuevos empresarios de los cuidados: exención del pago de arrendamiento de locales estatales por dos años, prorrogable a tres, y la posibilidad de que, al finalizar ese período, se evalúe incluso la entrega del inmueble en usufructo. Se trata, ni más ni menos, de transferir patrimonio público a manos privadas para que desarrollen un negocio con los sectores más vulnerables de la población.

Este es el punto donde la contradicción se vuelve insostenible. Un Estado que se declara socialista no puede, sin romper su esencia, fomentar que el capital privado se lucre con la ancianidad y la discapacidad, por más regulaciones que imponga. La «corresponsabilidad social» que menciona el decreto es, en realidad, una coartada para justificar la retirada del Estado de una de sus funciones irrenunciables.

Es cierto que Cuba envejece a un ritmo vertiginoso. Es cierto que la emigración masiva ha desestructurado miles de hogares, dejando a muchos mayores sin redes familiares. Es cierto que el sistema estatal de casas de abuelos y hogares de ancianos está colapsado por la falta de recursos, agravada por el bloqueo y por décadas de ineficiencia. Pero de ahí a concluir que la solución es abrir la puerta al capital privado media un abismo.

Un gobierno verdaderamente socialista debería responder a esta crisis fortaleciendo el sector estatal, invirtiendo en infraestructura, mejorando salarios de trabajadores sociales y sanitarios, y garantizando que ningún cubano quede desamparado en su vejez. En lugar de eso, se opta por una privatización incipiente que, como todo proceso de este tipo, tiende a profundizarse con el tiempo. Hoy son residencias para mayores; mañana podrían ser hospitales, escuelas o círculos infantiles.

El mayor peligro de esta medida no es solo que algunos ancianos queden fuera del sistema por falta de recursos, sino que se consolide una división de clases en el acceso a los cuidados. Existirán residencias para quienes puedan pagar en monedas extranjeras, con estándares aceptables, y residencias públicas hacinadas y deterioradas para los que dependan del Estado. La equidad, bandera histórica de la Revolución, se desdibuja cuando el dinero puede comprar mejor calidad de vida en la vejez.

Además, el hecho de que el Estado se convierta en mero regulador y recaudador de impuestos de estos negocios, en lugar de proveedor directo, lo aleja del ciudadano y lo aproxima al modelo capitalista que la Revolución enterró en 1959. La diferencia es sutil pero decisiva: en el socialismo, el Estado es garante; en el capitalismo, es árbitro. Este acuerdo desplaza a Cuba un paso hacia el segundo modelo.

La autorización de residencias privadas para mayores y discapacitados es, sin duda, una solución pragmática a un problema acuciante. Pero el pragmatismo sin principios conduce a la pérdida de identidad. Si el socialismo cubano no es capaz de generar recursos y capacidades para cuidar a sus ancianos, si tiene que recurrir al capital privado para cumplir con esa obligación elemental, entonces algo muy profundo se está quebrando en su esencia.

La pregunta que deberían hacerse los legisladores y el Consejo de Ministros no es solo cómo aliviar la presión sobre el presupuesto, sino cómo hacerlo sin traicionar los valores que dieron origen a la Revolución. Porque si el cuidado de la vida se convierte en un negocio, ¿qué queda del socialismo?