Punto y Aparte

Por Neilán Vera

Foto: Andrés Castellanos

En un país donde disminuye la tasa de natalidad, aumenta la emigración juvenil y avanza de manera indetenible el envejecimiento poblacional, hablar de cuidados resulta una cuestión prioritaria. No solo por la importancia de atender a niños, enfermos, discapacitados o ancianos, sino porque este es un problema estructural que involucra a la familia, al Estado y a la comunidad, y que también revela desigualdades profundas. 

La figura del cuidador, reconocida en el Código de las Familias y regulada por el Decreto-Ley 109 de 2024, ha ganado visibilidad institucional en los últimos años, pero en la práctica quienes asumen esta labor de manera no remunerada enfrentan gastos de su propio bolsillo, licencias sin sueldo que frenan su crecimiento profesional, desgaste físico y psicológico, y una incertidumbre constante ante la falta de medicamentos, respiro institucional y redes de apoyo reales. 

Para abordar este y otros temas, Punto y Aparte organizó recientemente un debate virtual en su canal en Telegram, que contó con la participación de investigadores, activistas y servidores públicos, y sirvió como espacio de intercambio de criterios sobre las tensiones que envuelven hoy esta práctica, el rol de las instituciones públicas, la necesidad de redes comunitarias de apoyo y los riesgos de que las soluciones a la crisis deriven hacia respuestas individuales y mercantilizadas, al alcance solo de unos pocos.

CUIDAR TAMBIÉN ES UN TRABAJO

Los cuidados son esenciales para sostener la vida. Esta es una premisa elemental pero no por ello menos olvidada, en la que insistió Yuliesky Amador, profesor de la Universidad de Artemisa y coordinador de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados.

El investigador recordó que Cuba cuenta con un Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida lo que, sumado a nuevas legislaciones, conforma un marco normativo capaz de favorecer la autonomía y el bienestar de las personas que, por motivos de edad, enfermedad o discapacidad, necesitan ayuda para realizar actividades básicas de la vida cotidiana. Esa meta, aseguró, puede enriquecerse a medida que la sociedad avance y se transforme, pero incluso en estos momentos no se cumple del todo. 

“El cuidado no puede seguir entendiéndose como una tarea doméstica y familiar. Es, en esencia, una práctica social que involucra no solo a la familia, sino también a la sociedad, las instituciones y las políticas públicas”, añadió.

En ese sentido, durante muchos años se ignoró al cuidado como trabajo y solo se lo reconoció como un acto de amor. “Por supuesto, el cuidado tiene dimensiones afectivas muy fuertes, pero no puede ser solo visto como un gesto de cariño. También debe entenderse como un trabajo, porque cuidar a alguien implica tiempo, esfuerzo físico, energía emocional y reorganización de la vida cotidiana”.

Amador consideró positivo que en la actualidad se conciba el cuidado como un derecho humano autónomo, “porque obliga a los Estados a incorporarlo a sus legislaciones internas”. Subrayó, además, que los cuidados se han convertido en un pilar central del bienestar social y precisó que suelen abordarse desde tres dimensiones: cuidar a alguien, recibir cuidados y autocuidarse.

“El autocuidado es la dimensión más olvidada”, afirmó, pues este depende de nuestra capacidad para atendernos a nosotros mismos, a nuestra propia salud, nuestro bienestar físico y emocional, nuestro tiempo, etc.

Sobre la situación cubana, aseguró que numerosas investigaciones apuntan a la existencia de una crisis de cuidados. Cuba, el país más envejecido de América Latina, cuenta con un número creciente de adultos mayores que requieren apoyo para su vida cotidiana, mientras las familias son cada vez más pequeñas, la emigración reduce la población en edad laboral y hay menos personas disponibles para cuidar.

Como ejemplo mencionó que es cada vez más frecuente ver personas mayores cuidando de otras personas mayores, o abuelas que se hacen cargo de sus nietos porque los padres de estos emigraron. “Las redes de apoyo de estas personas son muy limitadas”, concluyó.

Por su parte, Geydis Fundora, reconocida estudiosa de temas de equidad y políticas sociales, partió de destacar la existencia en nuestro país de una sólida experiencia de protección social, construida en el periodo revolucionario por diversas instituciones de cuidados.

“Puede que sus enfoques fueran más o menos asistencialistas, pero también en algunos casos estuvieron basados en el respeto a la autonomía de las personas y en el trabajo cultural. Así, surgieron círculos y casitas infantiles, hogares de ancianos, casas de abuelos, el Sistema de Atención a la Familia, proyectos sociocomunitarios de diversa índole e iniciativas de iglesias; cada uno con servicios gratuitos, subsidiados o de precios más elevados. Paralelamente, otras familias han debido pagar de su bolsillo a cuidadores particulares”, comentó.

La también directora de FLACSO-Cuba aprovechó su intervención para lanzar preguntas que apuntan al diseño futuro de las políticas de cuidados. “¿Qué peso deben tener el Estado, las familias y la comunidad en cada nueva iniciativa de cuidados? ¿Por qué se pasa de lo estatal a lo privado, y dónde queda el espacio de lo cooperativo y lo comunitario?”, inquirió.

A su juicio, la pregunta fundamental no es si se impulsa más lo privado o la alianza público-privada, sino qué porcentaje representarán esas formas de gestión en el ecosistema de instituciones y servicios de cuidados, y qué facilidades e incentivos pueden concederse para promover la gestión cooperativa y comunitaria. También cuestionó cómo articular los principios del modelo socialista con el respaldo económico que implica desarrollar determinados servicios, y qué personas están dispuestas a proveer cuidados desde el cooperativismo o desde lo comunitario.

Insistió en que no basta con mirar el acceso, sino también la calidad y la suficiencia. “La realidad de la que veníamos —dijo— era una en la que se intentaba garantizar acceso, pero sin conseguirlo del todo, y tampoco se garantizaba la calidad requerida”.

Sobre el debate de las residencias privadas para adultos mayores, llamó a revisar los datos sin apasionamientos: ¿Cuántas personas entrarían a estas? ¿Cómo están distribuidas geográficamente? ¿Cuáles son sus niveles de dependencia y autonomía? Y no solo pensar en el hoy sino en el mañana.

Finalmente, se preguntó por otras cifras que deberían estar sobre la mesa: de cuánto presupuesto dispone el Estado para estos servicios, qué capacidad tiene el país para producir los recursos necesarios, cuántas personas se van a formar y a dedicar tiempo a proveer esos cuidados. “Es un debate tremendamente interesante que debería abrirse a las comunidades”, sentenció.

EN CLAVE FEMINISTA

Anaclara León, coordinadora de la Red Feminista de la Universidad de La Habana, fue contundente al afirmar que una agenda de cuidados tiene que ser feminista, porque surge precisamente de las preocupaciones del feminismo sobre el trabajo doméstico.

Explicó que numerosas políticas implementadas en Cuba y América Latina en este sentido, tienen un fuerte componente feminista, pues como las mujeres son quienes asumen la mayor carga de los cuidados, el camino a seguir parte de redistribuir mejor los roles de cuidado.

Advirtió, sin embargo, que de nada sirve que se creen proyectos de gestión comunitaria en los cuales siga recayendo en las mujeres la mayor parte del cuidado y no se inculque que todas las personas tenemos una responsabilidad similar en la reproducción de la vida.

Por su parte, Georgina González, directora del Instituto de Filosofía, profundizó en el análisis al señalar que cualquier estudio sobre los cuidados debe partir de la división sexual del trabajo.

Como bien señaló, el trabajo no remunerado que realiza la mujer en el hogar es invisible, no tiene reconocimiento social, no se contabiliza y no aparece en el Producto Interno Bruto. “Eso es una asignatura pendiente en las reflexiones económicas que se desarrollan en Cuba”, afirmó.

Añadió que se siguen reproduciendo perspectivas de la economía clásica donde solo se valora la producción de bienes y servicios. “Solo se reconoce como trabajo de cuidados aquel que entra al mercado, lo que reproduce una lógica de discriminación y desigualdad que cae sobre quienes realizan estos trabajos: en su mayoría, mujeres”.

González recordó que, tras actualizarse la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, se eliminó una serie de políticas públicas en beneficio de la mujer que de alguna forma reconocían el matiz social del trabajo de cuidados. Esto, subrayó, resulta especialmente lamentable en épocas de crisis, cuando la sobrecarga del trabajo de cuidados recae aún más en las féminas.

A su juicio, aunque existen políticas públicas que avanzan en el reconocimiento del trabajo doméstico y que las personas que realicen estos cuidados reciban algún tipo de remuneración, “eso no quita ni garantiza que el cuidado pase a ser una responsabilidad más equilibrada en materia de género”.

González también señaló que la mayoría de las mujeres que realizan trabajos de cuidados en su hogar eran económicamente activas y tuvieron que abandonar sus empleos para hacerse cargo de una responsabilidad no remunerada, algo que no debería ignorarse a la hora de establecer nuevas políticas relacionadas con este asunto.

LA RESPUESTA DEBE VENIR DESDE LAS COMUNIDADES

Johanna Despaigne, viceintendente del Consejo de la Administración Municipal del Cerro y trabajadora social de formación, aportó datos que grafican la magnitud del problema en su territorio. Reveló que el 33 por ciento de la población de su municipio es adulta mayor, lo que representa alrededor de 34 mil personas. De estas, precisó, casi 1300 viven solas, con escasas o nulas redes de apoyo.

El de su municipio es uno de los muchísimos ejemplos del impacto demográfico que deben entender y atender los gobiernos locales, y que pasa, entre otras prioridades, por reorganizar los sistemas de cuidados y garantizar a las personas de la tercera edad su derecho a la dignidad plena. 

Luis Emilio Aybar, integrante del colectivo editorial Punto y Aparte y delegado del Poder Popular, compartió una experiencia concreta que ilustra las contradicciones cotidianas del sistema de cuidados.

Relató el caso de una vecina de 96 años, que vive sola, sin familia. Enfermó de chikungunya, quedó postrada en una cama y desarrolló una escara. “Las propias vecinas eran quienes la ayudaban, le curaban la escara, le lavaban la ropa. Cuando las vecinas no podían más, me llamaron y me pidieron que les ayudara a encontrar una solución”.

Las vecinas proponían internarla en un hogar de ancianos, pero la señora no quería, y estaba en pleno uso de sus facultades mentales. “No es legal internarla contra su voluntad”, aclaró Aybar. Mientras conseguían que se le asignara un cuidador a domicilio, sus vecinos, el secretario general del núcleo zonal del Partido y él asumieron el cuidado de esta persona.

A partir de esa experiencia, el delegado llamó a entender que los cuidados necesitan cada vez más de un movimiento comunitario. “Los menguados servicios y recursos del Estado deben ser complementados por la solidaridad vecinal y la acción de las organizaciones políticas y de masas. Es preciso que le pongamos el cuerpo a los problemas. Hay que apoyar a los trabajadores sociales en nuestros barrios”.

Aybar alertó además sobre un fenómeno preocupante: “Estamos comenzando a naturalizar fenómenos como la mendicidad, y eso no puede pasar”. También lamentó que nunca debió desactivarse el movimiento estudiantil y comunitario surgido en la época de la COVID-19 en torno a las personas vulnerables.

En esa misma línea opinó otra integrante de Punto y Aparte, Loren Alonso, quien fue presidenta de la FEU de la Universidad Agraria de La Habana, en Mayabeque, durante la pandemia. Tras recordar algunas de sus vivencias en la zona roja y otras tareas de impacto, protagonizadas por los estudiantes, propuso retomar algunas iniciativas que desplegó la organización estudiantil en aquellos años de confinamiento, ahora que nuevamente muchos estudiantes están alejados de sus facultades a causa de la crisis energética.

Sugirió retomar tareas de impacto donde quizá pudiera incluirse la atención a ancianos que viven solos, ayudarlos en lo que sea posible, aunque sea para hacerles los mandados. “No debemos olvidar el país que queremos construir, incluso en momentos tan duros, cuando se nos cierran tantas puertas”, insistió.

La crisis de cuidados en Cuba no admite respuestas unilaterales ni nostalgias de un pasado que ya no volverá. El debate de Punto y Aparte dejó una certeza compartida: el modelo familiar tradicional se ha agotado como único sostén, y el Estado, solo, no puede suplirlo. El camino pasa por reinventar lo comunitario, redistribuir los roles de género con decisión y reconocer que cuidar es un trabajo que merece salario, descanso y dignidad. Las preguntas están formuladas. Las soluciones, aún en construcción. Pero hay algo que ya no se discute: el cuidado no es un acto de amor íntimo, sino un derecho público que define el tipo de sociedad que somos capaces de construir.