por Rafael Alejandro Márquez Piñeiro
Foto: Andrés Castellanos
Todo el tiempo cuestionamos el deterioro de los servicios públicos en Cuba y, casi de manera automática, buscamos un culpable. Unos responsabilizan al actual gobierno cubano, otros señalan el impacto del bloqueo estadounidense y no faltan quienes atribuyen la situación a errores internos acumulados durante años. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos en el deterioro de nuestra propia sociedad?
Desde 2021, con la mayor apertura al sector privado ocurrida en Cuba durante las últimas seis décadas, la evasión fiscal ha ocupado un lugar importante en el debate económico nacional. Se ha hablado con frecuencia de los perjuicios que ocasiona al presupuesto del Estado y, por consiguiente, a la financiación de los servicios públicos. No obstante, cinco años después, el problema persiste e incluso cobra mayor relevancia en un contexto donde continúan ampliándose los espacios para la iniciativa privada.
Todos, en mayor o menor medida, sufrimos las consecuencias del deterioro de los servicios públicos: calles en mal estado, hospitales con escasez de recursos, déficit de maestros y profesionales de la salud, demoras excesivas en trámites administrativos y pensiones insuficientes para quienes dedicaron toda una vida al trabajo. Ante esta realidad, es frecuente atribuir ese abandono al Estado cubano.
Al Estado le corresponde diseñar políticas públicas eficaces y establecer mecanismos de control y fiscalización capaces de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas naturales y jurídicas, pero resulta simplista pensar que la solución depende de manera exclusiva de su actuación. Ningún Estado, más allá de su sistema político o de su nivel de desarrollo, puede sostener servicios públicos de calidad si quienes generan riqueza incumplen sistemáticamente sus obligaciones fiscales.
Todos los gobiernos, sin excepción, necesitan recaudar tributos —impuestos, tasas y contribuciones— para obtener los ingresos que financian el funcionamiento del sector público. Son las empresas, ya sean estatales, privadas, cooperativas u otro modelo de gestión, junto con los trabajadores y los demás contribuyentes, quienes realizan esos aportes. Por tanto, cuando dichos tributos se eluden o se declaran por debajo de lo legalmente establecido, no solo se incumple una obligación jurídica, sino que también se debilita la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.
En Cuba existen numerosos casos en los que empresas privadas y trabajadores por cuenta propia declaran ingresos inferiores a los realmente obtenidos, registran gastos improcedentes o reportan salarios por debajo de los efectivamente pagados a sus trabajadores. Estas prácticas constituyen manifestaciones de evasión fiscal y afectan directamente la recaudación tributaria. Sin embargo, limitar el análisis a la existencia de estas conductas resulta insuficiente. La pregunta importante es otra: ¿por qué el incumplimiento de las obligaciones tributarias ha llegado a normalizarse para una gran parte del sector privado cubano?
Una de las explicaciones más repetidas sostiene que la carga tributaria en Cuba es muy elevada y que esa sería la principal causa de la evasión fiscal. Pero ¿hasta qué punto esa afirmación resiste un análisis comparativo? Antes de aceptar esa idea como una verdad incuestionable, conviene examinar cómo funciona la tributación empresarial en Cuba y compararla, con el debido rigor metodológico, con la de otros países.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) privadas en Cuba tributan, entre otros, el 35 por ciento por concepto de impuesto sobre utilidades, un 10 por ciento como impuesto sobre las ventas de bienes y servicios, un 5 por ciento de impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, un 14 por ciento como contribución a la seguridad social y un 1 por ciento de contribución territorial para el desarrollo local. A primera vista, algunos de estos tipos impositivos pueden parecer elevados. No obstante, una valoración objetiva exige ir más allá de esa primera impresión y analizar cómo se estructuran estos tributos en comparación con los vigentes en otras economías.
Es importante señalar que la comparación entre sistemas tributarios presenta limitaciones metodológicas. No todos los países gravan las mismas bases imponibles ni estructuran sus impuestos de igual manera. Por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido (IVA), ampliamente utilizado en Europa y América Latina, posee características diferentes al impuesto sobre las ventas vigente en Cuba. Del mismo modo, las contribuciones a la seguridad social varían considerablemente en función de la legislación laboral y de los sistemas de protección social existentes en cada país. Aun así, la analogía con las principales tasas nominales de varios países del mundo permite identificar tendencias generales y desmontar algunos mitos que a menudo son difundidos.
Con ese propósito, la siguiente tabla reúne información correspondiente a diversos países con modelos económicos y niveles de desarrollo diferentes. Los datos proceden de administraciones tributarias nacionales, así como de publicaciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial, cuyas estadísticas constituyen referencias habituales para el análisis comparado de políticas fiscales.
La información anterior permite realizar varias observaciones. En primer lugar, el impuesto sobre utilidades, del 35 por ciento, se encuentra entre los más elevados de la muestra, compartiendo niveles similares a los de Argentina y situándose por encima de países como Estados Unidos, España, Francia, China, Vietnam, Costa Rica y Sudáfrica.
No obstante, esa conclusión cambia cuando se analizan otros tributos. El gravamen cubano sobre las ventas y la contribución territorial para el desarrollo local, cuya carga conjunta asciende al 11 por ciento, continúa siendo inferior a los tipos generales del IVA aplicados en España, Francia, Argentina, Costa Rica y Sudáfrica.
Del mismo modo, las contribuciones asociadas al empleo representan aproximadamente el 19 por ciento, inferior al existente en economías como Francia, España, China, Vietnam, Argentina y Costa Rica.
Esos datos no pretenden demostrar que el sistema tributario cubano sea el más eficiente ni el más competitivo. Tampoco significa que la política fiscal vigente no requiera modificaciones. Lo que sí ponen de manifiesto es que la idea de que una carga tributaria demasiado elevada es la explicación de la evasión fiscal carece de suficiente respaldo cuando se examina desde una perspectiva comparada.
Naturalmente, el sistema tributario cubano necesita perfeccionarse para responder a las transformaciones económicas que vive el país, pero reconocer las limitaciones que posee no implica aceptar que la evasión fiscal sea una respuesta legítima contra ellas. Una cosa es debatir la conveniencia de una política tributaria y otra muy distinta justificar el incumplimiento de obligaciones establecidas por la ley.
Si la comparación internacional demuestra que la carga tributaria cubana no constituye, por sí sola, una excepción, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué la evasión fiscal continúa siendo una práctica tan extendida?
Responder a esta interrogante exige abandonar las explicaciones banales. La evasión fiscal no puede atribuirse a un único factor. Es el resultado de la interacción entre deficiencias institucionales, insuficientes mecanismos de control, escasa cultura tributaria y de civismo, así como un sistema de incentivos que, en ocasiones, termina favoreciendo a quienes incumplen la ley.
Durante los últimos años se ha evidenciado que una parte de quienes emprenden negocios privados carecen de la preparación necesaria para comprender el verdadero funcionamiento de un sistema tributario moderno. En muchos casos, el análisis se limita al monto que debe pagarse por concepto de impuestos, sin considerar el papel que estos desempeñan dentro de la estructura financiera de la empresa.
Con excepción del impuesto sobre las utilidades, que grava los beneficios obtenidos una vez deducidos los costos y gastos autorizados, la mayor parte de los tributos que soportan las empresas constituyen gastos deducibles. Esto significa que pasan a formar parte de la estructura de costos de los bienes y servicios y, en consecuencia, terminan incorporándose al precio final que pagan los consumidores.
En otras palabras, una parte importante de esos impuestos es asumida indirectamente por la propia sociedad mediante el consumo. El problema surge cuando esos tributos, ya incorporados al precio de venta, no son posteriormente ingresados al presupuesto del Estado debido a la evasión fiscal. En ese escenario, el consumidor termina pagando dos veces las consecuencias: primero, mediante un precio que ya incluye la carga tributaria y, después, a través del deterioro de los servicios públicos que dejan de financiarse en parte por la disminución de los ingresos fiscales.
Esta realidad ha generado un fenómeno preocupante. Incluso empresarios que desean cumplir sus obligaciones tributarias se ven sometidos a una competencia desleal frente a quienes reducen sus costos y gastos mediante la subdeclaración de ingresos, la ocultación de ventas o el registro de salarios inferiores a los realmente pagados.
Cuando el incumplimiento sistemático de la ley se convierte en una ventaja competitiva, el problema deja de ser exclusivamente tributario para convertirse también en un problema económico y ético. El empresario que cumple pierde competitividad frente a quien evade, y el mercado comienza a premiar comportamientos que perjudican tanto a la recaudación pública como a la competencia leal entre los propios actores económicos.
Esta constituye, a mi juicio, una de las mayores debilidades del actual sistema tributario cubano. Más que la cuantía de los impuestos, el verdadero problema radica en la insuficiente capacidad para garantizar que las mismas reglas sean aplicadas y cumplidas por todos los contribuyentes. Ningún sistema tributario puede aspirar a ser justo cuando el cumplimiento de la ley termina convirtiéndose en una desventaja económica.
Lo anterior no significa que el sistema tributario vigente no requiera transformaciones. Todo lo contrario. Los drásticos cambios de la economía cubana durante los últimos años hacen imprescindible revisar diversos aspectos de la política fiscal para adaptarla a una realidad productiva diferente, mucho más compleja y heterogénea que la existente hace apenas una década.
Uno de los cambios que considero más pertinentes consiste en revisar el impuesto sobre las ventas. Este tributo debería aplicarse solo a las ventas minoristas, definiendo previamente, con claridad y siguiendo estándares internacionales, qué operaciones tienen carácter mayorista y cuáles constituyen ventas al consumidor final o minoristas.
En las condiciones actuales, el impuesto grava todas las operaciones comerciales a lo largo de la cadena de producción y distribución. Como consecuencia, un mismo producto puede soportar varias veces la misma carga tributaria antes de llegar al consumidor, quien, por lo tanto, tiene que pagar varias veces, de manera indirecta, el mencionado tributo, generándose así el conocido efecto de cascada tributaria, ampliamente cuestionado por la literatura especializada debido al incremento artificial de los precios finales.
De igual modo, resulta necesario ampliar y perfeccionar los incentivos fiscales dirigidos a las empresas cuya actividad contribuya de forma directa al desarrollo económico del país. Sectores vinculados a la producción de bienes y servicios, la innovación tecnológica, la sustitución de importaciones y la importación de materias primas estratégicas deberían contar con un tratamiento tributario diferenciado que favorezca la inversión y el incremento de la capacidad productiva nacional.
Ninguna reforma tributaria será suficiente si continúa descansando exclusivamente sobre llamados a la conciencia ciudadana o sobre el endurecimiento de las sanciones administrativas. La experiencia internacional demuestra que los sistemas tributarios más eficaces combinan reglas claras, incentivos adecuados, controles efectivos y una elevada percepción de riesgo para quienes incumplen la ley.
Las necesarias transformaciones del sistema tributario cubano no pueden limitarse a modificar tipos impositivos o crear nuevas obligaciones fiscales. Resulta indispensable construir un modelo más flexible, capaz de adaptarse a las características de cada sector económico, al tamaño de las empresas, a la actividad fundamental que desarrollan y a las particularidades de cada territorio.
Un sistema tributario moderno debe ser, al mismo tiempo, eficiente para recaudar, equitativo para distribuir las cargas fiscales e inteligente para incentivar aquellas actividades que generan mayor valor agregado para el desarrollo del país. Pero, además, debe estar respaldado por mecanismos eficaces de control y fiscalización que garanticen el cumplimiento de las normas por parte de todos los contribuyentes, sin excepciones.
En ese sentido, considero imprescindible fortalecer la participación ciudadana en el control del destino de los recursos públicos. La transparencia en la gestión presupuestaria constituye uno de los principales incentivos para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Cuando los ciudadanos conocen cómo se utilizan los recursos que aportan mediante impuestos y contribuciones, aumenta la confianza en las instituciones y se fortalece la percepción de que cumplir con el deber tributario representa una verdadera contribución al bienestar colectivo.
La educación también desempeña un papel esencial. La cultura tributaria no se construye solo mediante inspecciones, auditorías o sanciones administrativas. Comienza mucho antes, en la formación cívica de las nuevas generaciones. Por ello, sería conveniente incorporar desde edades tempranas contenidos relacionados con la responsabilidad social, la administración, la educación financiera, el funcionamiento de los sistemas tributarios y el control ciudadano sobre la gestión pública.
Reconocer que el sistema tributario cubano necesita reformas no significa justificar su incumplimiento. Del mismo modo, defender el cumplimiento de las obligaciones fiscales no implica renunciar al debate sobre cómo perfeccionar la política tributaria del país. Ambas posiciones son compatibles y, de hecho, deberían complementarse.
La evasión fiscal deja de ser un problema contable cuando comienza a afectar la vida cotidiana de millones de personas. Detrás de cada impuesto que no se paga conforme a la ley existe una escuela con menos recursos, un hospital con mayores limitaciones, una infraestructura que no se repara o una pensión que continúa siendo insuficiente. Por esa razón, antes de buscar responsables fuera de nosotros, conviene recordar que toda sociedad se construye también a partir del cumplimiento de los deberes que cada ciudadano asume frente a la comunidad.
La responsabilidad tributaria no constituye únicamente una obligación jurídica; representa, sobre todo, un compromiso ético con el desarrollo del país y con el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Nota: La comparación internacional presentada tiene un carácter referencial. Los sistemas tributarios difieren en la definición de las bases imponibles, en los mecanismos de deducción, en la estructura de los impuestos y en los incentivos fiscales aplicables, por lo que las tasas nominales no reflejan por sí solas la carga tributaria efectiva de cada país.
Fuentes consultadas:
Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley No. 113 del sistema tributario y sus modificaciones posteriores.
Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba. Legislación tributaria vigente y Ley del Presupuesto del Estado.
Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Informes y publicaciones sobre administración tributaria.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama fiscal de América Latina y el Caribe (últimas ediciones).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Corporate Tax Statistics (última edición disponible).
Banco Mundial. Indicadores internacionales sobre tributación y clima de negocios.
Internal Revenue Service (IRS) y Tax Foundation (Estados Unidos).
Agencia Estatal de Administración Tributaria (España).
Direction Générale des Finances Publiques (Francia).
Swiss Federal Tax Administration (Suiza).
State Taxation Administration (China).
General Department of Taxation (Vietnam).
Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) (Argentina).
Ministerio de Hacienda (Costa Rica).
South African Revenue Service (SARS) (Sudáfrica).
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