por Alejandro Sánchez*
Un mes ha pasado ya desde que la Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión extraordinaria, aprobó 176 transformaciones económicas y sociales que el día anterior habían sido presentadas al pleno del Comité Central del Partido. En ese período se han dado los primeros pasos para su puesta en práctica y se convocó una nueva sesión del órgano legislativo, que debe esclarecer un poco más la secuencia de la implementación de las mismas.
No está de más reiterar que consiste en una reestructuración integral del modelo económico y, por ende, del funcionamiento de la sociedad. Pudiera parecer evidente, pero para una población extenuada por las carencias quizás no esté tan claro. Es lógico que las personas estén más enfocadas en sobrevivir que en leer y comprender una lista de cientos de transformaciones, venidas además de autoridades cuya credibilidad se ha deteriorado notablemente ante sus ojos dada la situación crítica que atraviesan y el malestar que produce.
No es seguro que las personas calculen la dimensión de lo que se avecina, puesto que experiencias anteriores como la Actualización del Modelo Económico y Social o la Tarea Ordenamiento quedaron incompletas o su aplicación no cumplió los propósitos declarados. La gente solo sabe que vive cada vez peor y que no hay expectativas de una mejoría inmediata. Pero esta reforma rebasa lo que se formuló en otras etapas; se trata de cambios de amplio alcance. Tampoco es el mismo momento político.
Mucho se ha discutido que el aplazamiento de reformas, que incluso contaron con consenso social, ha sido una variable que nos ha llevado hasta el punto en que nos hallamos. Eso es cierto: la dilación de cambios necesarios ha contribuido a la situación actual. Pero nadie puede negar la responsabilidad mayor del cerco medieval que Estados Unidos tiene sobre la Isla en la precarización acelerada de la vida de los cubanos. Una economía más dinámica nos hubiera puesto en mejores condiciones de hacer frente al asedio, pero no nos hubiera salvado de él teniendo en cuenta las proyecciones de Trump. Creer eso es igual a pensar que con reformas se puede disuadir a Washington de insistir en su política contra Cuba. Esto último resulta una prueba de desconocimiento total de la realidad y de la experiencia histórica.
Es en ese escenario en que se desplegarán los cambios anunciados y el cual los condicionará lógicamente. Sería caer en fatalismo pensar que las posibilidades de realización de esta reforma son nulas por lo que hace y hará Estados Unidos, pero pensar que no tratarán de poner palos en la rueda es de un optimismo casi adolescente. Incluso obviando una variable tan determinante como la política estadounidense hacia Cuba, es innegable que el país no puede permanecer en el estado en que se encuentra y que hay que moverse y asumir los riesgos que eso conlleva. La discusión es hacia qué dirección habrá que moverse.
Se ha señalado que el fin último de estas transformaciones es el reforzamiento del socialismo, que el crecimiento económico permitirá la redistribución de riqueza. El corazón del pacto social que construyó la Revolución fue la justicia social; de ahí que su erosión haya debilitado el consenso político de la sociedad en torno al proyecto y el poder revolucionario. No hay justicia social sin una economía eficiente, puesto que la primera no se limita al ámbito de las políticas sociales sino que halla su base en la economía real. Pero una economía con mayores niveles de dinamismo y eficiencia tampoco es garantía de que haya justicia social. Hace falta, sobre todo, un poder político dispuesto y capaz de ejercer su autoridad, de redistribuir a quienes más lo necesitan y de respaldar el acceso del pueblo a sus derechos.
Ese poder no puede ser ejercido solamente desde arriba, sino que tiene que venir también de una mayor participación y control popular. Esto último sigue siendo una deuda del sistema político cubano. La revitalización de las organizaciones sería una condición necesaria para ello.
Las organizaciones no pueden estar solo para agrupar sectores, sino que deben tener más peso real en la toma de decisiones en los distintos ámbitos; solo así podrán consolidar su papel. Lejos de eso estamos todavía, pero no debe ser una aspiración que se desdibuje.
La ampliación de los mecanismos de mercado en nuestra economía y sociedad demanda límites claros. No se trata de permanecer anclados a una representación determinada del socialismo, sino de qué sentido tendría hacer eso si no es para beneficio de las mayorías. Se presenta muchas veces la idea de los que están a favor y en contra de reformas como si de buenos y malos se tratara. La discusión necesaria es quiénes serán los beneficiarios reales de esas transformaciones. Si la respuesta es «todos», sería falso.
La atención a los problemas sociales no puede entenderse como un complemento posterior de la reforma económica, ni como una segunda etapa de la que hay que ocuparse luego de que la economía se robustezca. Es cierto que para emprender una recuperación de los servicios de salud, la educación, las actividades culturales y deportivas, etc., es necesario contar con un piso económico. Pero la dimensión de la crisis que vivimos y las consecuencias que estas transformaciones tendrán en franjas importantes de la población requiere que, a la par que las reformas económicas se desarrollen, se pase a un modelo de protección social focalizado en los que realmente lo necesitan.
El problema son los criterios para determinar esa necesidad. Preocupa en qué situación terminarán personas y familias catalogadas como vulnerables, pero también los trabajadores del depauperado sector presupuestado. Hay quienes piensan en un efecto derrame, en que de manera natural el aumento de la riqueza de un sector puede desparramarse al resto de la sociedad, pero eso es irreal. Se trata de un problema grave y cuya solución presenta varias capas de complejidad al comprometer a una parte importante de la fuerza de trabajo del país, por demás de alta calificación.
Es imprescindible un debate social amplio sobre estas transformaciones, el cual no será cuestión de días sino de años por el alcance de los cambios que se proponen. Hay que hacerlo porque solo eso permitirá que su implementación no se aparte del sentido que se ha declarado. No es esto un problema solamente de los economistas. Estas reformas económicas van a traer la ampliación de relaciones sociales que lo reconfigurarán todo. Por eso hay que discutirlas, no para paralizarlas o dilatarlas, sino para mejorarlas.
Por último, sería una ilusión pensar que esas transformaciones económicas no van a generar también la demanda y la necesidad de otras dinámicas políticas. La sociedad es una totalidad y sus distintas áreas son separadas por un asunto metodológico, no orgánico. No se trata de un determinismo sino de lo que la historia ha mostrado. No emprender ese camino por temor a sus consecuencias políticas sería insensato. Como país tenemos que dialogar sobre la naturaleza, secuencia y efectos de los cambios que ya han dado sus pasos iniciales. Con ello no basta para que las reformas vayan por buen camino, pero sin eso no sería posible.
*Secretario general del Comité de la UJC en la Universidad de La Habana
(Tomado del canal en Telegram de la UJC de la Universidad de La Habana)
Punto y Aparte 
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