por Loren Alonso
La puesta en vigor del decreto 160/2026, del Consejo de Ministros, sobre las actividades económicas prohibidas en Cuba, trae un cambio radical en el funcionamiento de amplios sectores del país. Esta norma establece qué actividades no pueden ejercer las formas de gestión no estatal y para cuáles otras se requiere una autorización específica.
Esto abre un diapasón aún más amplio de todo lo que sí se puede hacer, y deja vacíos legales en torno a actividades sobre las que no está claro hasta qué punto se están liberando o no, como es el caso de la asesoría jurídica. Otras quedan literalmente prohibidas, a pesar de ser el pan nuestro de cada día en Cuba, porque resulta más sencillo fingir que no están ahí.
Lo primero es entender que la realidad cubana se vuelve cada vez más compleja, que la política estadounidense es genocida, que para contrarrestarla no hay solución rápida posible, y que depende de nosotros mismos salir de este y de todos los problemas que cargamos en hombros.
Para ello, el Estado planteó un grupo de medidas, y de allí salió este decreto que reduce las actividades económicas prohibidas. Entre las legalizadas se encuentran algunas que ya existían en el mercado negro y cubrían aquellas necesidades del pueblo que el Estado no era capaz de garantizar. En busca de soluciones prácticas y rápidas, se permitió pasar al terreno de la ley varias de estas actividades que hasta hace poco se practicaban en secreto dentro del sector privado.
Un ejemplo clave son las farmacias privadas, que ya estaban normalizadas en la vida de la población. Sin embargo, era un sector que no pagaba impuestos, que no se podía controlar ni fiscalizar, y era el único donde, en un país que no tiene medicamentos suficientes ni en los hospitales, se podían encontrar cualquier tipo de fármacos. Eso sí, los adquirían —y ahora, con todo respaldo legal, los adquieren— quienes tienen el dinero para pagarlos.
Hay otras novedades en la salud privada, como los servicios ópticos, de cuidados y de rehabilitación, que ya pueden operar fuera del marco estatal en la más absoluta legalidad. Muchos piensan que legalizarlos era un paso meramente formal, pues bajo la sombra ya existían, y quizá pudiera llegar a entenderse, si de esa forma mañana las farmacias del Estado volvieran a surtirse de los medicamentos subsidiados, al menos para quienes no puedan pagar los que venden los privados.
Sin embargo, no sería la primera vez que se nos promete una cosa y se hace otra. ¿Acaso olvidamos aquella afirmación de que «con lo recaudado en las tiendas en MLC se iban a abastecer las tiendas en moneda nacional»? Después de tantas promesas incumplidas, también a mí me cuesta creer.
Por otro lado, es interesante ver cómo actividades que siguen prohibidas, como la odontología, se dan demasiado a menudo en el ámbito de la economía privada. Es un secreto a voces, legitimado por lo común de la práctica: la existencia en Cuba de clínicas estomatológicas clandestinas, al margen del Estado, donde resuelves lo que quizá no lograste al acudir a la clínica pública.
Si te duele una muela y acudes al estomatólogo «del Estado», es usual que te explique: «Te puedo mirar, pero no puedo hacerte más nada, porque no tengo materiales». Entonces toca acudir al dentista privado, que cuenta con sus propios recursos, sus turnos y sus precios. Si no cumple las normas de higiene o no está bien preparado, y te hace un mal trabajo en la boca, además de cobrarte un ojo de la cara, no puedes denunciarlo porque esa persona jurídica no existe: estás atado de manos y pies como paciente necesitado y sin garantías de derecho.
A pesar de esto, si vamos al citado decreto, queda establecido —sin espacio a malas interpretaciones ni ingenuidades— que las formas de gestión no estatal no están autorizadas a brindar servicios odontológicos. No obstante, quedan varias preguntas en el tintero.
¿Lo autorizarán en la próxima actualización de la norma? ¿O garantizarán el servicio gratuito que está obligado a prestar el Estado? ¿Multarán a quienes, sin pagar impuestos ni asumir ninguna responsabilidad real ante el paciente, se aprovechan de las limitaciones de la Salud Pública para lucrar a costa de las necesidades más urgentes del pueblo?
¿Todo lo que se haga impunemente, en desafío a las leyes, terminará siendo permitido a la larga, para supuestamente poder regularlo? ¿Hasta cuándo vamos a negociar el socialismo en nombre de una prosperidad que no llega, y si lo hace no será para todos? ¿Con qué herramientas contamos para no perder —o, en algún momento, recuperar— el rumbo, en este camino marcado por la filosofía del «sálvese quien pueda»? ¿Es esto la Revolución de los humildes y para los humildes, por la que se derramó tanta sangre?
Dejo las preguntas por aquí. En un par de años podemos retomarlas y ver cuánto de lo que hoy «en teoría» no se puede, entonces sí será legal.
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